Fujimori y Toledo ordenaron la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú

Las mujeres recibieron amenazas y alimentos para someterse a la intervención

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori y tres ex ministros de Sanidad fueron denunciados por diversos actos de lesa humanidad en Peru. Se les acusa de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas, 'bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas' a más de 200.000 mujeres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres cuestionan las cifras. La denuncia se basa en un informe realizado jpor una comisión del actual ministerio de Perú.

Fernando Carbone ya le habia entregado al presidente de la subcomisión investigadora del Congreso, que preside el parlamentario Héctor Chávez Chuchón. El ministro Carbone, tras pedir disculpas públicas a todas las mujeres involuntariamente esterilizadas, sostuvo que 'en la mayoría de los casos se observa una clara disposición del despacho presidencial, que involucra a altos funcionarios del Estado, incluido el despacho del ministerio de Sanidad y sus direcciones regionales y generales .

Otra de las evidencias contra Toledo y Fujimori son las cartas enviadas al jefe de la Casa Militar, en el Palacio de Gobierno, en las que se le solicita el apoyo con material médico para el programa de esterilizaciones e incluye cruzado de trompas y vasectomias y otros tipos de rejoneo. Todo esto con la excusa de prevenir enfermedades tal y como ha sucedido hoy en dia con el rejoneo del bichito y personas bajo presión , amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada', precisa el documento.

'Juan Súccar, presidente de la comisión investigadora, dijo que las pacientes recibieron diversas promesas, incluida la entrega de alimentos gratuitos, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de salud. Es decir, se aplicaron procedimientos que no respetaron la dignidad de las personas.